Ordenamiento Territorial Agricola y Urbano

La República Dominicana enfrenta el desafío de alinear su crecimiento territorial con las metas nacionales de desarrollo económico, social y ambiental. En este contexto, se hace imprescindible la construcción de un nuevo Orden de Ordenamiento Territorial que integre de manera coherente y moderna el uso del suelo agrícola y el desarrollo en materia de urbanismo, superando la fragmentación normativa y las trabas administrativas que históricamente han limitado el aprovechamiento eficiente del territorio.

Este nuevo enfoque de ordenamiento territorial concibe el territorio como un activo estratégico del desarrollo nacional, donde la planificación del suelo agrícola garantiza la seguridad alimentaria, la productividad y la sostenibilidad, mientras que una regulación moderna a nivel de urbanismo, impulsa la inversión, la vivienda, la infraestructura y la competitividad urbana y rural. La armonización de ambos componentes permitirá establecer parámetros claros, ágiles y transparentes, orientados al crecimiento ordenado y a la protección de los recursos naturales.

El nuevo Orden de ordenamiento territorial propone romper con esquemas rígidos y desactualizados, sustituyéndolos por criterios técnicos, territoriales y productivos que faciliten la toma de decisiones, reduzcan la discrecionalidad y aceleren el cumplimiento de las metas de desarrollo establecidas. De esta manera, el ordenamiento del territorio se convierte en una herramienta clave para impulsar un desarrollo equilibrado, sostenible y alineado con las prioridades estratégicas de la República Dominicana.

La República Dominicana necesita dejar de crecer territorialmente de manera espontánea y comenzar a organizar el territorio de acuerdo con su vocación económica, agrícola, ambiental, urbana y social.

Durante décadas hemos permitido que zonas agrícolas se conviertan en urbanizaciones, que ciudades crezcan sin suficiente planificación, que comunidades se establezcan en zonas de riesgo, que terrenos públicos sean ocupados y que miles de propiedades permanezcan fuera de la formalidad registral.

El territorio dominicano no puede seguir siendo administrado como una suma de parcelas, municipios e instituciones aisladas. Debe convertirse en un Sistema Nacional de Territorio Productivo, donde cada tarea de tierra tenga una función económica, social, ambiental o urbana definida.

La Constitución establece que la organización territorial debe procurar el desarrollo integral y equilibrado del país, mientras que la Ley 368-22 estableció el marco nacional para ordenar el territorio, clasificar el suelo y regular los asentamientos humanos.

En 2025, además, fue aprobado mediante el Decreto 396-25 el Reglamento de Aplicación de la Ley 368-22, que establece la obligatoriedad de que los gobiernos locales elaboren y aprueben planes de ordenamiento territorial.

El desafío ahora no es crear otra ley. Es hacer que el ordenamiento territorial funcione.

DIAGNÓSTICO NACIONAL

Un territorio con baja formalización inmobiliaria

Aproximadamente 60 % de los inmuebles del país no cuenta con títulos formales de propiedad, según declaraciones del director de Catastro Nacional en 2023. Esto no significa necesariamente que todos sean ocupaciones ilegales: existen posesiones y propiedades registradas que no han completado la transferencia o titulación correspondiente.

Esta situación tiene consecuencias económicas:

  • Limita el acceso al crédito.
  • Reduce la seguridad jurídica.
  • Dificulta la inversión.
  • Obstaculiza la planificación territorial.
  • Complica la transmisión formal de patrimonio.
  • Reduce la capacidad fiscal de los gobiernos locales.
  • Facilita conflictos sobre la propiedad.

La tierra sin información jurídica confiable es tierra económicamente subutilizada.

Invasión y ocupación irregular

La ocupación ilegal de terrenos públicos y privados constituye otro problema estructural. El propio Estado creó mediante el Decreto 668-22 una unidad especializada de la Policía Nacional para prevenir y perseguir invasiones y ocupaciones irregulares de propiedades privadas y del Estado.

La respuesta nacional debe cambiar de un modelo reactivo a uno preventivo.

Crear un Sistema Nacional de Alerta y Protección del Patrimonio Territorial, conectado con:

  • Catastro Nacional.
  • Registro Inmobiliario.
  • Jurisdicción Inmobiliaria.
  • Instituto Geográfico Nacional.
  • Ayuntamientos.
  • Policía Nacional.
  • Procuraduría General.
  • Ministerio de Agricultura.
  • Ministerio de Medio Ambiente.

Cada terreno público deberá estar georreferenciado, identificado y clasificado, de manera que una ocupación pueda ser detectada antes de convertirse en un asentamiento consolidado.

LA LEY 368-22: PASAR DE LA LEY A LA EJECUCIÓN

La Ley 368-22 establece el marco regulatorio nacional para el ordenamiento territorial, el uso del suelo y los asentamientos humanos. Clasifica el territorio y contempla instrumentos de planificación nacional, regional y municipal.

La propuesta no plantea sustituirla, sino acelerar y profundizar su implementación.

La ley ya contempla elementos fundamentales:

  • Clasificación del suelo.
  • Planes Municipales de Ordenamiento Territorial.
  • Regulación del uso del suelo.
  • Gestión de riesgos.
  • Protección ambiental.
  • Desarrollo sostenible.
  • Sistema Nacional de Información Territorial.

El Reglamento 396-25 establece además que los gobiernos locales deben diseñar y aprobar sus planes de ordenamiento territorial.

Meta política

En los primeros cuatro años de gobierno, lograr que el 100 % de los municipios y distritos municipales estratégicos dispongan de instrumentos de planificación territorial compatibles con el sistema nacional.

CREACIÓN DEL MAPA NACIONAL DE VOCACIÓN TERRITORIAL

El país debe producir un Mapa Nacional de Vocación Territorial, digital y actualizado permanentemente.

Cada parcela deberá tener una clasificación principal:

Producción agrícola estratégica

Territorios destinados prioritariamente a:

  • Arroz.
  • Plátano.
  • Banano.
  • Café.
  • Cacao.
  • Aguacate.
  • Vegetales.
  • Tubérculos.
  • Frutas.
  • Ganadería.
  • Producción forestal.

Desarrollo urbano

Áreas destinadas a:

  • Vivienda.
  • Comercio.
  • Industria.
  • Servicios.
  • Equipamiento público.
  • Educación.
  • Salud.
  • Turismo.
  • Logística.

Protección ambiental

  • Cuencas.
  • Bosques.
  • Áreas protegidas.
  • Humedales.
  • Manglares.
  • Zonas de recarga acuífera.
  • Áreas de alta vulnerabilidad climática.

Desarrollo estratégico

Territorios destinados a:

  • Parques industriales.
  • Zonas logísticas.
  • Agroparques.
  • Centros de distribución.
  • Infraestructura energética.
  • Infraestructura turística.
  • Infraestructura aeroportuaria.

REORDENAMIENTO AGRÍCOLA

De producir más tierra a producir más por tarea

La República Dominicana no debe medir el éxito agrícola solamente por cantidad de tierras cultivadas, sino por producción por tarea + valor generado por tarea + empleo por tarea + consumo de agua por tarea + exportaciones por tarea.

El objetivo será desarrollar una agricultura de alta productividad territorial.

LA EXPERIENCIA DE SEIS PAÍSES TROPICALES

La República Dominicana puede aprender de países tropicales que han desarrollado sistemas agrícolas intensivos en superficies relativamente pequeñas.

Vietnam

Es uno de los casos más importantes de agricultura intensiva y familiar. FAO señala que 89 % de sus agricultores son pequeñas explotaciones familiares, y que el acceso a mercados e irrigación ha contribuido a una productividad relativamente elevada.

En el arroz, Vietnam ha desarrollado sistemas que permiten intensificar la producción mediante semillas, manejo del agua y técnicas de cultivo; agricultores que utilizan SRI han reportado incrementos de ingreso por hectárea frente al sistema convencional.

Indonesia

Pequeños agricultores producen una parte sustancial del arroz nacional. FAO documenta explotaciones de apenas 0.25–0.5 hectáreas entre numerosos pequeños productores, con cosechas múltiples en determinados sistemas.

Tailandia

La agricultura tailandesa es predominantemente familiar y de pequeña escala; FAO registra un tamaño promedio de explotación de aproximadamente 4 hectáreas.

Costa Rica

Ha desarrollado agricultura especializada y sistemas de producción de pequeños productores apoyados en tecnología, extensión, información climática y manejo eficiente de agua e insumos. FAO documenta experiencias recientes de digitalización para mejorar la productividad de pequeñas explotaciones.

Rwanda

Más del 83 % de la producción agrícola está en manos de pequeños productores. El país demuestra que una agricultura dominada por pequeños agricultores puede integrarse a cadenas de exportación y desarrollar cultivos de alto valor, como el café y el té.

Filipinas

La experiencia de los sistemas arroceros del Sudeste Asiático muestra que explotaciones pequeñas pueden alcanzar elevada intensidad productiva cuando disponen de irrigación, infraestructura y múltiples ciclos de cultivo. Un estudio de FAO señala explotaciones arroceras inferiores a dos hectáreas en Filipinas y Tailandia, y menos de una hectárea en determinados sistemas vietnamitas.

Lección para República Dominicana

No necesitamos necesariamente más tierra cultivada. Necesitamos producir mucho más en cada tarea cultivada.

PROGRAMA “UNA TAREA, MÁS PRODUCCIÓN”

Crear un programa nacional para aumentar progresivamente la productividad por tarea.

Indicadores nacionales

Cada cultivo estratégico deberá tener:

  • Producción actual por tarea.
  • Producción objetivo por tarea.
  • Consumo de agua por tarea.
  • Valor bruto de producción por tarea.
  • Costo por tarea.
  • Rentabilidad por tarea.
  • Empleos generados por tarea.
  • Porcentaje destinado al mercado nacional.
  • Porcentaje exportado.

Meta 2050

Duplicar la productividad promedio por tarea de los principales cultivos estratégicos, mediante tecnología, riego, semillas, mecanización, financiamiento, investigación y comercialización.

No se trata de cultivar indiscriminadamente. Se trata de especializar cada territorio en aquello que produce mejor.

BANCO NACIONAL DE TIERRAS PRODUCTIVAS

Crear un Banco Nacional de Tierras Productivas, integrado con información de:

  • Terrenos estatales.
  • Tierras agrícolas abandonadas.
  • Tierras subutilizadas.
  • Parcelas tituladas disponibles.
  • Terrenos con vocación productiva.
  • Áreas bajo programas de reforma agraria.
  • Terrenos recuperados del patrimonio público.

El Banco permitirá identificar quién posee la tierra, dónde está, qué uso tiene, qué puede producir y qué infraestructura necesita.

TITULACIÓN COMO POLÍTICA ECONÓMICA

La titulación no debe ser vista únicamente como un programa jurídico.

Debe convertirse en una política de capitalización patrimonial.

La meta es reducir progresivamente el porcentaje de inmuebles sin titulación formal desde el nivel estimado de alrededor de 60 % hacia:

  • 40 % en primera etapa.
  • 25 % en segunda etapa.
  • 10 % en tercera etapa.

La titulación deberá acompañarse de:

  • Catastro digital.
  • Georreferenciación.
  • Simplificación registral.
  • Ventanilla única.
  • Resolución acelerada de conflictos.
  • Actualización de transferencias.
  • Integración Catastro–Registro Inmobiliario.

La Ley 82-25 ya introdujo modificaciones para facilitar la disposición de inmuebles beneficiarios del Plan Nacional de Titulación y ampliar sus posibilidades de acceso al crédito formal.

NUEVO MODELO URBANO

No más ciudades que crecen horizontalmente sin planificación

El crecimiento urbano dominicano debe orientarse hacia densificación + infraestructura + transporte + servicios + espacios públicos.

Prioridades

  1. Recuperar terrenos urbanos subutilizados.
  2. Promover vivienda vertical donde exista infraestructura.
  3. Proteger corredores agrícolas periurbanos.
  4. Crear parques industriales y logísticos fuera de zonas residenciales.
  5. Reservar suelo para escuelas, hospitales, parques y transporte antes de urbanizar.
  6. Evitar asentamientos en zonas de riesgo.
  7. Crear corredores verdes urbanos.
  8. Integrar vivienda, empleo y transporte.

EL GRAN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO

El crecimiento de las principales áreas metropolitanas requiere una planificación que supere los límites municipales.

Se propone crear Planes Metropolitanos Integrados para el Gran Santo Domingo

Integrar:

  • Distrito Nacional.
  • Santo Domingo Este.
  • Santo Domingo Norte.
  • Santo Domingo Oeste.
  • Los Alcarrizos.
  • San Antonio de Guerra.
  • Boca Chica.
  • Municipios metropolitanos vinculados.

Santiago

Crear un sistema de planificación metropolitana que articule:

  • Santiago.
  • Tamboril.
  • Licey al Medio.
  • Puñal.
  • Villa González.
  • Municipios y distritos vinculados funcionalmente.

El objetivo es evitar que cada municipio planifique por separado una misma ciudad económica.

CINTURONES AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS

Cada gran centro urbano deberá contar con un cinturón de producción agroalimentaria protegido.

Santo Domingo

Crear una reserva estratégica de producción de:

  • Vegetales.
  • Frutas.
  • Plátanos.
  • Hortalizas.
  • Productos de ciclo corto.

Santiago y Cibao

Fortalecer:

  • Arroz.
  • Vegetales.
  • Frutas.
  • Ganadería.
  • Agroindustria.

Sur

Especialización en:

  • Café.
  • Aguacate.
  • Frutas.
  • Producción forestal.
  • Ganadería.
  • Agricultura de montaña.

Línea Noroeste

Especialización en:

  • Arroz.
  • Ganadería.
  • Frutas.
  • Agroindustria.

Región Este

Integración de:

  • Caña.
  • Ganadería.
  • Cacao.
  • Frutas.
  • Agricultura especializada.
  • Turismo y producción agroalimentaria.

URBANIZAR DONDE EXISTAN CONDICIONES

Ninguna nueva urbanización de escala significativa debería aprobarse sin demostrar disponibilidad o programación de:

  • Agua potable.
  • Alcantarillado.
  • Energía.
  • Vías de acceso.
  • Transporte.
  • Escuelas.
  • Salud.
  • Gestión de residuos.
  • Drenaje pluvial.
  • Espacios públicos.

Primero infraestructura; después urbanización.

PROTECCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA

El suelo agrícola estratégico debe convertirse en patrimonio productivo nacional.

La conversión de suelo agrícola de alta productividad a uso urbano deberá requerir:

  • Evaluación técnica.
  • Justificación de interés público.
  • Compensación territorial.
  • Identificación de suelo alternativo.
  • Compatibilidad con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

La Ley 368-22 ya contempla la protección de suelos vinculados a actividades agropecuarias y forestales dentro de las categorías de suelo no urbanizable. La propuesta busca que esa protección sea real, medible y ejecutable.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT)

Fortalecer el SNIT, creado por la Ley 368-22, para convertirlo en la plataforma central de información territorial del Estado. El MEPyD señala que el SNIT debe integrar y procesar información geográfica para apoyar políticas, planes y proyectos públicos.

El ciudadano debería poder consultar digitalmente:

  • Propietario o situación jurídica.
  • Clasificación del suelo.
  • Uso permitido.
  • Riesgo de inundación.
  • Riesgo sísmico.
  • Vocación agrícola.
  • Disponibilidad de agua.
  • Servicios públicos.
  • Restricciones ambientales.
  • Valor catastral.
  • Planificación urbana.

INDICADORES NACIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El éxito de la política deberá medirse anualmente.

IndicadorSituación de referenciaMeta 2044
Inmuebles sin título formal≈60 %≤10 %
Municipios con PMOT funcionalEn proceso de implementación100 %
Territorio georreferenciadoEn expansión100 %
Terrenos estatales identificadosParcial100 %
Ocupaciones ilegales detectadas tempranamenteSin sistema integral100 % del patrimonio público
Suelo agrícola estratégico protegidoPor establecer100 %
Productividad agrícola por tareaBase 2028+100 %
Suelo urbano con planificaciónEn expansión100 %
Nuevas urbanizaciones con infraestructura previaPor establecer100 %
Datos territoriales interoperablesParcial100 %
Municipios con mapas de riesgoEn desarrollo100 %
Proyectos públicos vinculados al ordenamiento territorialParcial100 %

INDICADOR CLAVE: VALOR PRODUCIDO POR TAREA

La República Dominicana debe comenzar a medir su territorio de una manera diferente. No preguntaremos únicamente:

¿Cuántas tareas cultivamos?

Preguntaremos:

¿Cuánto produce cada tarea?

¿Cuánto empleo genera?

¿Cuánto exporta?

¿Cuánta agua consume?

¿Cuánto ingreso genera al productor?

¿Cuánto valor agrega la agroindustria?

¿Cuánto contribuye a la seguridad alimentaria?

Este cambio permitirá pasar de una agricultura extensiva y vulnerable a una agricultura intensiva, tecnológica y competitiva.

UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE CAMPO Y CIUDAD

El campo y la ciudad no deben ser tratados como territorios separados. El nuevo modelo debe conectar: producción, transformación, almacenamiento, transporte, mercados y exportación.

Cada región deberá desarrollar corredores productivos, conectando zonas agrícolas con:

  • Carreteras.
  • Puertos.
  • Aeropuertos.
  • Mercados.
  • Centros de almacenamiento.
  • Plantas agroindustriales.
  • Cadenas de frío.
  • Plataformas digitales de comercialización.

OBJETIVO POLÍTICO 2028–2050

La República Dominicana debe construir en 16 años un territorio:

Más ordenado.
Más productivo.
Más titulado.
Más urbanizado racionalmente.
Más protegido ambientalmente.
Más conectado.
Más competitivo.

La Ley 368-22 ya creó la arquitectura jurídica para iniciar este proceso y el Reglamento 396-25 avanzó en su aplicación.

Ahora corresponde convertir esa legislación en una política nacional de transformación territorial.

La República Dominicana no tiene un problema de falta de territorio.

Tiene un problema de cómo utiliza, registra, protege, produce y urbaniza su territorio.

Tenemos tierras agrícolas que pierden productividad, terrenos urbanos que se expanden sin suficiente planificación, propiedades sin títulos, ocupaciones irregulares y municipios que muchas veces carecen de capacidad técnica para gestionar el crecimiento.

La respuesta no es detener el desarrollo.

Es ordenarlo.

No se trata de impedir que las ciudades crezcan, sino de decidir dónde deben crecer.

No se trata de cultivar más tierras, sino de producir más por tarea.

No se trata solamente de entregar títulos, sino de convertir la propiedad en patrimonio productivo, garantía jurídica y acceso al crédito.

No se trata solamente de proteger el suelo agrícola, sino de convertirlo en una plataforma de seguridad alimentaria, exportaciones, empleo y agroindustria.

La República Dominicana necesita una nueva política territorial:

“Ordenar la tierra. Titular la propiedad. Proteger el campo. Planificar las ciudades. Producir más en menos espacio y convertir el territorio en uno de los principales motores del desarrollo nacional.”