En la República Dominicana, las políticas sociales han sido vistas históricamente como herramientas para «aliviar la pobreza y la desigualdad, basándose principalmente en programas sociales cualitativamente y cuentitativamente deficientes.
Las políticas asistencialistas han mostrado limitaciones estructurales para fomentar una movilidad social sostenible y un desarrollo productivo a largo plazo. Frente a retos como el crecimiento demográfico, más del 80% de las parturientas que declaran su estado civil como solteras, la informalidad laboral, las brechas territoriales y una población vulnerable que incluye cerca de 478,300 personas con discapacidad, alrededor del 9% de la población con 65 años o más y miles de personas que requieren atención en salud mental, es fundamental adoptar una nueva visión de las políticas sociales.
Esta nueva perspectiva sugiere revisar y transformar las ayudas directas en herramientas estratégicas que se enfoquen en la producción, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas. En lugar de ser simples transferencias pasiva, estos recursos deberían convertirse en motores para la creación de empleos, el emprendimiento, la formalización económica y la inclusión productiva.
Reorientar las políticas sociales hacia el desarrollo implica unir esfuerzos entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía en un modelo que fomente la corresponsabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Así, la inversión social no solo atenderá necesidades inmediatas, sino que también impulsará un crecimiento económico, fortaleciendo y la autonomía de las personas.
Durante décadas, las políticas sociales dominicanas han estado orientadas principalmente a aliviar la pobreza mediante subsidios, transferencias monetarias y programas asistenciales, pero por sí solas no modifican las causas estructurales de la pobreza ni garantizan movilidad social sostenible.
Nuestro botón de tierra necesita pasar de una política de asistencia social fragmentada a una política de protección integral y desarrollo humano.
La propuesta plantea transformar progresivamente la inversión social en una red territorial de servicios permanentes, accesibles y articulados, donde el ciudadano no sea solamente receptor de una transferencia, sino sujeto de derechos y protagonista de su propio desarrollo.
El principio debe ser sencillo, pasar de “dar para contener” a “invertir para transformar”.
Objetivo nacional
Crear un Sistema de Protección Integral y Cuidados, con presencia progresiva en todos los municipios y distritos municipales del país, destinado a garantizar atención, protección, prevención, cuidado e inclusión de:
Niños y niñas.
Adolescentes.
Personas con discapacidad.
Adultos mayores.
Familias en condiciones de vulnerabilidad.
Personas dependientes que requieran cuidados especiales.
El sistema deberá integrar las capacidades existentes del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias y el sector privado, evitando duplicidades institucionales y aprovechando la infraestructura pública disponible.
Principio territorial. Ningún ciudadano fuera del sistema.
La política social debe dejar de organizarse exclusivamente desde las oficinas centrales de Santo Domingo. El municipio y el distrito municipal deben convertirse en la unidad territorial fundamental para identificar necesidades, organizar servicios y dar seguimiento a las familias.
Cada territorio deberá contar con una Ruta Integral de Protección y Cuidados, articulando los servicios existentes de educación, salud, protección infantil, discapacidad, envejecientes, alimentación, vivienda, empleo y asistencia social.
No se propone necesariamente construir un edificio nuevo en cada comunidad. Primero se debe identificar, recuperar, adecuar y conectar la infraestructura existente, esto permitirá reducir costos, evitar duplicidades y acelerar la cobertura nacional.
Componentes del Sistema
Protección integral de la niñez y adolescencia
Fortalecer y universalizar los servicios de atención a la primera infancia y adolecencia, incorporando progresivamente a municipios y distritos municipales.
La red deberá articular:
CAIPI, CAFI y CONANI.
Atención nutricional.
Estimulación temprana.
Educación en los diferentes niveles.
Prevención del abuso y la violencia.
Atención psicológica y familiar.
Identificación temprana de vulnerabilidades.
Protección de adolescentes en riesgo.
Formación y acompañamiento a padres, madres y tutores.
La meta debe ser que ningún niño dominicano quede fuera de una red territorial de protección y desarrollo durante sus primeros años de vida hasta pasada la adolecencia.
Sistema de atención a personas con discapacidad
La discapacidad debe abordarse desde una perspectiva de derechos, autonomía e inclusión. El sistema deberá proporcionar, de acuerdo con las necesidades territoriales:
CONADIS y CAID
Evaluación y detección temprana.
Terapias y rehabilitación.
Estimulación.
Educación inclusiva.
Formación para el empleo.
Apoyo a las familias cuidadoras.
Ayudas técnicas.
Integración comunitaria.
Orientación para el acceso a servicios públicos.
La persona con discapacidad no debe depender exclusivamente de una transferencia económica. Debe tener acceso a oportunidades, servicios y autonomía.
Sistema de protección y cuidado de adultos mayores
Crear una política nacional de envejecimiento activo y cuidado digno bajo el CONAPE.
Los municipios deberán articular servicios de:
Viviendas Sociales
Atención diurna.
Alimentación.
Atención primaria.
Terapias.
Recreación.
Actividad física.
Atención psicológica.
Prevención del abandono.
Acompañamiento domiciliario cuando sea necesario. Capacitación de familiares y cuidadores. Los centros geriátricos existentes deberán integrarse a esta red y ampliarse de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
Protección familiar y comunitaria
La familia debe constituir el centro de la política social.
Cada territorio deberá disponer de mecanismos para identificar familias en situación de vulnerabilidad y conectarlas con los servicios correspondientes. La intervención debe integrar: Salud, educación, alimentación, viviendas sociales, empleo, protección, cuidados.
El objetivo no es multiplicar programas, sino integrarlos alrededor de la familia.
Los programas existentes no desaparecen; se transforman y articulan
La propuesta no plantea eliminar los servicios esenciales que actualmente ofrecen instituciones como Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).
Por el contrario, sus programas deben mantenerse, pero bajo nuevos criterios de focalización, coordinación y complementariedad.
De esta manera, los recursos existentes dejan de funcionar como programas aislados y pasan a formar parte de una política social integrada.
De subsidios fragmentados a inversión social estratégica
Las transferencias y subsidios no deben usarse como instrumento de protección, si esta no se traduce en:
Servicios permanentes, formación, empleo, cuidados, rehabilitación, educación, emprendimiento, viviendasd, formalización y autonomía económica.
La meta no debe ser simplemente aumentar el número de beneficiarios. La verdadera medición del éxito debe ser cuántas personas dejaron de necesitar asistencia permanente porque adquirieron capacidades, empleo, ingresos y autonomía.
El cuidado como generador de empleo
El sistema nacional de cuidados también puede convertirse en una nueva área de generación de empleo formal. Se desarrollarán programas de formación y certificación para: cuidadores, auxiliares de geriatría, técnicos en discapacidad, promotores comunitarios, educadores, asistentes de primera infancia y trabajadores sociales.
.De esta manera, una necesidad social se transforma también en una oportunidad de empleo y profesionalización.
Corresponsabilidad institucional
El Sistema deberá funcionar bajo una lógica de coordinación nacional y ejecución territorial. Participarán, según sus competencias:
Gobierno central, ayuntamientos, distritos municipales, CONANI, INAIPI, SNS y Ministerio de Salud Pública, CONADIS, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, MINERD, Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIVED, Ministerio de Trabajo, CAID, DASAC, organizaciones comunitarias, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
El propósito es evitar que varias instituciones hagan lo mismo en el mismo territorio sin coordinación. Antes de construir nuevos centros, el Estado deberá realizar un inventario nacional de infraestructura social disponible.
La primera etapa será integrar y aprovechar lo que ya existe. Solo se construirán nuevas instalaciones cuando el diagnóstico territorial demuestre que la infraestructura disponible es insuficiente.
Implementación 2028–2050
Primera etapa: 2028–2032
Diagnóstico nacional, integración institucional, creación del sistema de información, fortalecimiento de los servicios existentes y puesta en marcha de proyectos piloto territoriales.
Segunda etapa: 2032–2038
Expansión progresiva de la Red Municipal de Cuidados y Bienestar Integral, priorizando territorios con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y déficit de servicios.
Tercera etapa: 2038–2050
Consolidación del sistema hasta alcanzar cobertura nacional en todos los municipios y distritos municipales.
Formación a cuidadores familiares, promotores sociales, educadoras, técnicos en discapacidad y auxiliares de geriatría (mínimo 18 empleos directos por centro, unos de 13,338 empleos a nivel nacional en unos 742 centros en todo el país).
Evaluación por resultados
La política social deberá abandonar la medición basada exclusivamente en cuánto dinero se transfiere o cuántas personas reciben una ayuda. Se medirán resultados como:
Niños protegidos y atendidos.
Cobertura de primera infancia.
Personas con discapacidad integradas.
Adultos mayores atendidos.
Familias incorporadas a servicios.
Cuidadores certificados.
Empleos creados.
Familias que superan condiciones de vulnerabilidad.
Reducción de duplicidad de beneficios.
Calidad y oportunidad de los servicios.
Principio financiero
La propuesta no parte de la premisa de aumentar indiscriminadamente el gasto público. Parte de reorganizar la inversión social existente, eliminar duplicidades, aprovechar infraestructura disponible, integrar instituciones y orientar progresivamente recursos desde el asistencialismo fragmentado hacia servicios que generen capacidades y bienestar.
El costo definitivo deberá establecerse a partir de un diagnóstico nacional de infraestructura, cobertura, beneficiarios, personal y presupuesto existente, antes de fijar metas financieras definitivas.
La República Dominicana debe evolucionar desde un modelo basado principalmente en subsidios hacia un Estado social de protección, cuidados y oportunidades.
Un Estado que proteja al niño antes de que sea vulnerable, acompañe al adolescente antes de que abandone la escuela, incluya a la persona con discapacidad, cuide al adulto mayor y apoye a la familia antes de que la crisis se convierta en pobreza.
La política social del futuro no puede limitarse a transferir dinero.
Debe crear capacidades, garantizar derechos, generar oportunidades y devolver autonomía.
La República Dominicana necesita una nueva generación de políticas sociales. No se trata simplemente de sustituir un bono por un centro, ni un programa por otro, se trata de construir un Sistema Dominicano de Protección Integral y Cuidados, coordinado, medible y sostenible, capaz de llegar a cada municipio y distrito municipal.
La meta no es tener más programas sociales. La meta es tener menos personas que necesiten vivir permanentemente de ellos.
