La protección del medio ambiente constituye una condición esencial para el desarrollo sostenible y la vida misma. Dentro de ese equilibrio ambiental, el agua ocupa un lugar irremplazable: no puede ser sustituida por ningún otro recurso, no se puede importar, ni licitar la compra de un río, ni reemplazar por otro mineral.
Su existencia depende directamente de la conservación de los bosques, los suelos, la biodiversidad y las cuencas hidrográficas que la producen y la regulan.
Por ello, la protección de nuestros recursos naturales no debe entenderse como una acción sectorial, sino como una política de Estado vinculada a la defensa integral del medio ambiente, la seguridad hídrica, la salud pública y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Cuidar el medio ambiente es proteger la vida, el territorio y el futuro del país.
Agua para hoy, seguridad para mañana
No se puede sustituir el agua por ningún otro mineral. Mucho menos se puede licitar la compra de un río.
El agua no es solamente un recurso natural. es infraestructura estratégica de la nación.
De ella dependen el consumo humano, la agricultura, la generación eléctrica, la industria, el turismo y los ecosistemas. Por eso, la protección ambiental debe dejar de ser únicamente una política de conservación y convertirse también en una política de seguridad nacional, seguridad alimentaria y desarrollo económico.
El Decreto 615-26, emitido por el presidente Luis Abinader, constituye un punto de inflexión al declarar de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental y establecer protección especial para cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
La propuesta busca llevar ese principio del decreto a un sistema permanente de prevención, vigilancia, protección, restauración y gestión territorial.
El objetivo nacional es garantizar la seguridad hídrica y ambiental de la República Dominicana, protegiendo las zonas donde se produce y almacena el agua y evitando que actividades ilegales, incendios provocados, deforestación, extracción indiscriminada, ocupaciones, contaminación o cambios inadecuados de uso de suelo comprometan los recursos naturales estratégicos.
la meta central propone una transformación estructural del sistema nacional del agua:
Unificación Institucional del Sector Agua
- Consolidar bajo una sola entidad operativa las funciones hoy dispersas entre INDRHI, INAPA, CAASD, Las CORAS, EGEHID.
- Propuesta: creación del Sistema Nacional de Agua Potable y Recursos Hídricos (SINAPRHI).
Proteger primero las zonas que producen el agua; administrar después el agua que producen.
Cinco ejes de acción
EJE 1. Seguridad ambiental
Convertir el Decreto 615-26 en un Sistema Nacional de Seguridad Ambiental.
Integrar:
Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Defensa.
SENPA.
Policía Nacional.
Armada Dominicana.
Ministerio Público.
Dirección General de Migración.
INDRHI (en lo que se crea el organo unificado).
Gobiernos locales.
La prioridad será prevenir y perseguir delitos ambientales graves.
El terrorismo medioambiental no debe limitarse a quien ejecuta materialmente el daño. La investigación debe alcanzar también a quien financia, organiza, ordena o se beneficia de la actividad ilícita.
El propio Decreto 615-26 establece la remisión inmediata de las agresiones al patrimonio ambiental al Ministerio Público y mecanismos de denuncia confidencial.
EJE 2. Microjurisdicciones Ambientales
Crear Microjurisdicciones Ambientales (MJA) vinculadas a las principales cuencas hidrográficas.
Cada microjurisdicción tendrá:
Mapa territorial actualizado.
Inventario de recursos naturales.
Identificación de nacimientos y zonas de recarga.
Registro de propietarios y ocupantes.
Identificación de actividades económicas.
Sistema de vigilancia.
Brigada de respuesta.
Presupuesto por resultados.
La protección ambiental debe llegar al territorio donde ocurre el problema.
No podemos administrar una cuenca exclusivamente desde Santo Domingo.
EJE 3. Programa Nacional de Cuencas
Reorientar la inversión ambiental hacia las cuencas hidrográficas estratégicas.
Prioridades:
1. Reforestación productiva y protectora.
2. Recuperación de nacimientos de ríos.
3. Protección de zonas de recarga hídrica.
4. Control de erosión y sedimentación.
5. Restauración de riberas.
6. Control de vertidos.
7. Regulación del uso agrícola del suelo.
Programas territoriales
Salvemos los Yaques
Protección integral del Yaque del Norte y Yaque del Sur.
Ozama-Isabela 2035
Saneamiento progresivo de ambos ríos y recuperación de sus riberas.
Nacimientos Vivos
Protección de los nacimientos de los principales ríos nacionales.
Cuenca Productiva
Incentivos para que los productores ubicados en zonas estratégicas produzcan sin destruir la capacidad hídrica del territorio.
EJE 4. Tecnología para vigilar el territorio
Crear el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental y Hídrico (SINMAH).
Utilizar:
Satélites.
Drones.
GPS.
Inteligencia artificial.
Cámaras.
Sistemas GIS.
Sensores de calidad del agua.
Sistemas de alerta temprana.
El sistema deberá detectar automáticamente:
deforestación + incendios + minería ilegal + ocupaciones + cambios de uso de suelo + contaminación + extracción de materiales + afectación de ríos.
Esto permitiría pasar de un Estado que reacciona después del daño a uno que detecta el daño mientras ocurre.
EJE 5. Comunidades que protegen y producen
La protección ambiental no puede convertir a las comunidades rurales en enemigas de la conservación.
Debe existir un sistema de Pago por Servicios Ambientales.
Quien conserve:
bosque,
nacimientos,
zonas de recarga,
riberas,
humedales,
debe recibir un incentivo económico condicionado al cumplimiento de indicadores verificables.
Principio:
Quien protege el agua debe recibir parte del valor económico que genera protegerla.
Esto transforma la conservación en una actividad productiva y reduce los incentivos para destruir el bosque.
Ordenamiento territorial ambiental
Ninguna política de cuencas será sostenible sin ordenar el territorio.
Se propone clasificar el territorio en:
Zona de protección absoluta
No negociable.
Zona de protección hídrica
Uso altamente restringido.
Zona agroforestal
Producción compatible con conservación.
Zona agrícola controlada
Producción bajo criterios técnicos.
Zona urbana y productiva
Desarrollo sujeto a capacidad ambiental.
Esto debe integrarse con la Ley de Ordenamiento Territorial y los instrumentos municipales de planificación.
Agua como infraestructura nacional
Las presas, embalses, canales, acueductos, plantas de tratamiento y cuencas que los abastecen deben considerarse infraestructura estratégica nacional.
No tiene sentido proteger una presa mientras se destruye la cuenca que la alimenta.
Por eso:
La seguridad de una presa comienza en la montaña donde nace el río.
Indicadores 2050
| Indicador | Situación base | Meta 2045 |
| Cuencas prioritarias con planes integrales | Parcial | 100 % |
| Microjurisdicciones ambientales | 0 | 100 % de cuencas prioritarias |
| Nacimientos estratégicos georreferenciados | Parcial | 100 % |
| Zonas de recarga hídrica protegidas | Parcial | 100 % prioritarias |
| Cuencas con monitoreo satelital | Parcial | 100 % |
| Ríos estratégicos con monitoreo de calidad | Parcial | 100 % |
| Reducción de incendios provocados | — | -80 % |
| Reducción de deforestación ilegal | — | -80 % |
| Cobertura forestal | Base oficial actualizada | 60 % |
| Productores bajo programas de conservación | — | 100,000 |
Las metas deberán establecerse definitivamente a partir de una línea base nacional georreferenciada.
Financiamiento
No se propone crear simplemente otro fondo o institución.
La prioridad debe ser reordenar recursos existentes y pagar por resultados.
Fuentes:
Presupuesto nacional.
Compensaciones y sanciones ambientales.
Fondos climáticos.
Cooperación internacional.
Bonos verdes y azules.
Pago por servicios ambientales.
Alianzas público-privadas.
Recursos destinados a adaptación climática.
Cada peso invertido debe poder asociarse a una cuenca, territorio, resultado e indicador.
Esta política busca cambiar la lógica tradicional:
De reforestar a gestionar cuencas.
De reaccionar a prevenir.
De perseguir al pequeño infractor a investigar las redes que financian el delito.
De proteger árboles a proteger sistemas hídricos.
De administrar instituciones a administrar territorios.
De gastar en medio ambiente a invertir en seguridad hídrica.
El Decreto 615-26 ofrece una oportunidad para construir una nueva política ambiental dominicana.
El país no necesita otra campaña de reforestación aislada. Necesita un sistema permanente de seguridad ambiental, capaz de saber qué tenemos, dónde está, quién lo ocupa, qué actividad se desarrolla y qué impacto produce. Porque un bosque destruido puede tardar décadas en recuperarse; una cuenca degradada puede comprometer generaciones.
El agua no se fabrica. Los ríos no se importan. Las cuencas no se sustituyen.
Protegerlas no es ecologismo, es seguridad nacional, seguridad alimentaria y desarrollo económico.
Red Nacional de Centros de Acopio, Control y Comercialización Agroalimentaria — RACCA
Producir, financiar, controlar, comercializar y distribuir bajo un mismo sistema nacional.
Debemos ser referente en bromatología y ciencia de los alimentos. Tenemos que estar un paso al frente ante un orden mundial que se aleja de la producción y el procesamiento del alimento, dando paso a la especulación alimentaria.
La seguridad alimentaria de la República Dominicana no puede depender exclusivamente de la importación, de mercados desarticulados ni de cadenas de intermediación difíciles de controlar.
El objetivo debe ser construir un Sistema Nacional Agroalimentario, capaz de conocer qué se produce, dónde se produce, cuánto se produce, quién lo produce, cuánto cuesta producirlo, quién lo financia, a qué precio se comercializa y hacia dónde se despacha.
Para ello se propone transformar y modernizar el actual modelo de intervención estatal, utilizando a INESPRE como uno de los componentes de una nueva estructura nacional de comercialización agropecuaria, articulada con Agricultura, Banco Agrícola, productores, asociaciones, mercados, industria y sector privado.
Red Nacional de Centros de Acopio, Control y Comercialización Agroalimentaria — RACCA
Objetivo
Crear una red nacional de centros regionales que funcionen como puntos de control y articulación de la producción agropecuaria, conectando directamente:
Productor → Financiamiento → Producción → Centro RACCA → Comercialización → Mercado → Consumidor
Estos centros no tendrán como función principal almacenar mercancías durante largos períodos.
Serán centros de:
- Recepción.
- Pesaje.
- Clasificación.
- Control de calidad.
- Certificación.
- Registro.
- Trazabilidad.
- Determinación de volumen.
- Control de precios.
- Comercialización.
- Consolidación de cargas.Despacho.
- Distribución.
La mercancía debe entrar, ser registrada y controlada, y posteriormente ser despachada hacia su destino comercial. El centro RACCA como corazón del sistema agropecuario
Cada centro regional funcionará como una especie de central de operaciones agrícolas. No se limitará a recibir productos, tendrá información sobre:
PRODUCCIÓN
- Qué se está sembrando.
- Quién lo está produciendo.
- Dónde está ubicada la producción.
- Cantidad estimada.
- Fecha estimada de cosecha.
- Calidad esperada.
- Necesidades de producción.
FINANCIAMIENTO
- Productor.
- Asociación.
- Cooperativa.
- Crédito agrícola.
- Inversión.
- Seguro agropecuario.
- Programa de financiamiento correspondiente.
COMERCIALIZACIÓN
- Compradores.
- Mercados.
- Supermercados.
- Hoteles.
- Restaurantes.
- Industria alimentaria.
- Exportadores.
- Mercados institucionales.
PRECIOS
- Costo estimado de producción.
- Precio de referencia.
- Precio de entrada.
- Precio de comercialización.
- Precio mayorista.
- Precio al consumidor.
DISTRIBUCIÓN
- Volumen disponible.
- Destino.
- Vehículo.
- Ruta.
- Comprador.
- Fecha de despacho.
- Trazabilidad del producto.
Los centros RACCA no serán almacenes Este principio debe quedar establecido en la legislación.
Los Centros RACCA serán centros de control y comercialización, no depósitos destinados al almacenamiento especulativo de mercancías.
La infraestructura podrá disponer de refrigeración, cámaras de conservación temporal y áreas técnicas, cuando el producto lo requiera, pero su función será facilitar el proceso de recepción, clasificación y despacho.
Esto permitiría reducir:
- Pérdidas poscosecha.
- Manipulación excesiva.
- Intermediación innecesaria.
- Acaparamiento.
- Distorsiones de precios.
- Pérdida de trazabilidad.
Contrato Nacional de Producción Agropecuaria
El sistema permitiría pasar de una agricultura basada únicamente en la producción a una agricultura planificada según demanda.
Antes de sembrar, el productor podría conocer:
Qué producir → cuánto producir → quién financiará → precio de referencia → cuándo cosechar → dónde entregar → quién comprará.
Los contratos podrían establecer compromisos entre productores, asociaciones, compradores e instituciones financieras.
Esto permitiría reducir el problema de producir grandes cantidades de un determinado rubro sin tener un mercado previamente identificado.
6Sistema Nacional de Control de Precios Agropecuarios
La RACCA establecería una plataforma nacional de información de precios.
No se trataría necesariamente de fijar administrativamente todos los precios, sino de crear información transparente sobre toda la cadena.
El Estado podría conocer:
Costo de producción + transporte + clasificación + comercialización = precio de referencia.
La información permitiría detectar variaciones extraordinarias y posibles prácticas de especulación o distorsión del mercado.
Comercialización directa
Los Centros RACCA permitirían conectar al productor directamente con:
- Mercados municipales.
- Supermercados.
- Hoteles.
- Restaurantes.
- Industrias.
- Exportadores.
- Programas de alimentación escolar.
- Hospitales.
- Instituciones públicas.
- Fuerzas de seguridad.
- Otros grandes compradores.
El Estado no tendría necesariamente que comprar toda la producción. Su función sería organizar, controlar, certificar y facilitar la comercialización.
Trazabilidad Nacional Agroalimentaria
Cada lote de producción tendría una identificación digital.
El sistema permitiría conocer:
Productor → finca → cultivo → fecha de producción → cantidad → centro RACCA → comprador → destino.
Esto sería particularmente importante para alimentos destinados al consumo nacional y para productos de exportación.
También facilitaría retirar rápidamente del mercado un producto que presente problemas sanitarios.
Delimitación Territorial Agropecuaria — DTA
Objetivo
Ordenar el territorio rural dominicano y establecer la vocación productiva de cada zona.
Se propone crear el:
Sistema Nacional de Zonificación Agropecuaria — SINAZA
En coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente.
El sistema determinaría:
- Qué producir.
- Dónde producir.
- Capacidad productiva.
- Disponibilidad de agua.
- Condiciones climáticas.
- Tipo de suelo.
- Infraestructura existente.
- Riesgos ambientales.
Se complementaría con un Catastro Agropecuario Digital que permita conocer quién produce, qué produce y en qué volumen.
Registro Único Nacional de Organizaciones del Agro — RUNOA
Se establecería un registro nacional de:
- Asociaciones agrícolas.
- Cooperativas.
- Organizaciones de productores.
- Productores individuales.
- Organizaciones pesqueras.
- Organizaciones acuícolas.
Las organizaciones formalizadas podrían:
- Acceder a financiamiento.
- Firmar contratos.
- Recibir asistencia técnica.
- Participar en compras institucionales.
- Acceder a tecnología.
- Integrarse a los Centros RACCA.
Financiamiento vinculado a producción
El financiamiento agrícola debe estar conectado con la producción real.
El Banco Agrícola y otras instituciones financieras podrían utilizar la información de la plataforma para evaluar:
- Productor.
- Terreno.
- Cultivo.
- Historial productivo.
- Volumen proyectado.
- Contrato de comercialización.
- Riesgo climático.
- Capacidad de pago.
Esto permitiría avanzar hacia un model de Financiamiento → Producción → Comercialización → Cobro → Reinversión.