Nuestro país enfrenta un rezago institucional de carácter estructural, producto de décadas de improvisación, duplicidad de funciones, regimen de consecuencias, falta de continuidad en las políticas públicas y debilidad en la planificación estratégica de desarrollo.
Esta propuesta plantea una hoja de ruta integral, con enfoque en la eficiencia del Estado, reordenamiento de su organigrama, la transparencia, el desarrollo territorial, y la transformación económica sostenible.
Los países que han alcanzado niveles significativos de desarrollo lo han hecho a partir de pilares fundamentales como la institucionalidad, educación de calidad, trabajo, capital humano, innovación y descentralización efectiva. Estos principios orientan esta propuesta.
Planteamos una Transformación Socioeconómica Nacional, sustentada en cinco grandes principios: un Estado más pequeño, eficiente y con reimen de consecuencias, educación y capital humano, formalización económica, desarrollo territorial e innovación y productividad. La transformación requiere pasar de un Estado que administra problemas a un Estado que planifica, articula, ejecuta, mide resultados, sanciona y genera oportunidades.
Fortalecimiento de la Planificación Nacional
Promover la articulación, actualización y evaluación de los principales instrumentos de desarrollo existentes:
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
Plan Integrado de Santo Domingo.
Meta RD 2036.
Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014–2030.
Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
República Dominicana 30×30.
Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones.
Gobierno Eficiente y Burocracia Cero.
Pactos Nacionales del Agua, Eléctrico y Fiscal.
El objetivo es convertir estos instrumentos en un verdadero sistema integrado de planificación nacional, con metas, responsables, presupuesto, indicadores y evaluación pública de resultados.
Reingeniería Institucional del Estado. Un Estado con menos instituciones y mayor capacidad de respuesta.
La República Dominicana necesita una reingeniería profunda de su estructura administrativa, orientada a eliminar duplicidades, reducir burocracia y concentrar recursos en las funciones esenciales del Estado.
Se propone una auditoría funcional integral del organigrama público, incluyendo ministerios, viceministerios, direcciones generales, institutos, consejos, comisiones, gabinetes, unidades ejecutoras y organismos descentralizados.
Meta nacional
Fusionar, reorganizar y eliminar más de 93 instituciones públicas, de acuerdo con sus competencias, duplicidad de funciones, resultados, costo operativo y pertinencia estratégica. La reforma no debe consistir simplemente en cambiar nombres o mover instituciones de un ministerio a otro.
Debe producir una reducción real de estructuras administrativas y una mayor capacidad de ejecución.
Criterios para la reingeniería Cada institución deberá ser evaluada bajo cinco preguntas:
¿Qué función cumple?
¿Existe otra institución que realiza una función similar?
¿Cuánto cuesta mantenerla?
¿Qué resultados concretos produce?
¿Puede integrarse a otra estructura existente?
Las instituciones que no justifiquen su existencia de manera técnica deberán ser eliminadas, fusionadas o transformadas.
Un problema público no debe tener múltiples instituciones compitiendo por resolverlo. Una función estratégica debe tener un responsable institucional claramente identificado.
El presupuesto debe estar vinculado a resultados.
- Menos estructuras administrativas y más servicios públicos.
- Digitalización y automatización de procesos.
- Eliminación de trámites y funciones duplicadas.
- Evaluación permanente del desempeño institucional.
- Racionalización y Sistematización del Estado
- Reordenar integralmente el organigrama estatal.
- Eliminar duplicidad de funciones.
- Fusionar entidades con competencias similares o agotadas.
- Reducir estructuras administrativas innecesarias.
- Centralizar sistemas de información gubernamental.
- Crear indicadores públicos de desempeño institucional.
- Vincular presupuesto, planificación y resultados.
Obras públicas
Centralizar la contruccion de obras públicas en los dos ministerios: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Ambos serían los organismos responsables de licitar, contratar y ejecutar las obras correspondientes a sus competencias, evitando la dispersión de recursos y capacidades técnicas en múltiples instituciones. Las demas instituciones seran las encarganas junto a los COMUDEPS de levantar las nececidades y dar las recomendaciones técnicas.
Estado Digital y Sistema Nacional de Datos.
Sistematizar el Estado para lograr eficiencia operativa, planificación y control ciudadano. Ponemos un ejemplo: vas a una univercidad para inscribirte y con solo presentar tu documento de identidad, la institucion podra acceder a todos los documentos públicos que requiera, sin la necesidad de que el estudiante lo solicite en varias instituciones).
Prioridades:
- Registro nacional actualizado de habitantes por ciudad (censo locales).
- Interoperabilidad de las bases de datos públicas.
- Historia administrativa y de servicios del ciudadano.
- Uso de datos para políticas sanitarias, laborales, educativas y sociales.
- Sistema nacional de indicadores territoriales.
- Tablero público de ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.
El Estado debe pasar de trabajar con instituciones aisladas a trabajar con información integrada.
Reforma Electoral y del Sistema de Partidos
Replantear el modelo de campaña y la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas:
Eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.
Campañas únicamente en espacios cerrados; prohibición de marchas, mítines y caravanas.
Triunfo por mayoría simple con al menos un 40%+1 de los votos.
En alianzas, solo el partido que encabeza mantiene reconocimiento ante la JCE.
Umbral del 1.5% de los votos válidos para mantener reconocimiento.
Eliminación del método D’Hondt en la distribución de escaños.
Limitación de la reelección: máximo dos períodos de ejercicio al mismo cargo en los tres niveles (presidencia, vicepresidencia, congreso, alcaldias y regidurias)
Si un partido utiliza encuestas para seleccionar candidatos, estos estudios deberán ser administrados y regulados por la Junta Central Electoral.
Reestructuración Territorial y Congresual
Congelamiento de la creación de nuevos municipios y distritos municipales.
Reducción del 35% del número actual de diputados.
Transformación del rol de las alcaldías hacia el desarrollo urbano sostenible y la planificación territorial.
Fortalecimiento de la capacidad técnica municipal creadndo los Consejos Municipales de Desarrollo, Presupuesto y Seguimiento (COMUDEPS) como órganos de gobernanza local. Estarán integrados por:
- Alcaldías.
- Organizaciones de base comunitatia.
- Sectores productivos.
- Organizaciones sociales.
- Sociedad civil.
Instituciones públicas con presencia territorial.
Funciones:
- Elaborar planes municipales de desarrollo.
- Diseñar y dar seguimiento a los presupuestos municipales de inversión.
- Supervisar proyectos locales.
- Priorizar las necesidades territoriales.
- Fortalecer la rendición de cuentas.
- Promover la participación ciudadana.
- Plataforma Única de Desarrollo Local
Para reducir la dispersión institucional, se propone integrar las entidades vinculadas al desarrollo territorial en una Plataforma Nacional de Desarrollo Local. Entre las estructuras sujetas a evaluación para fusión o integración:
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y Barrial.
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP).
Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR).
Dirección General de Desarrollo Fronterizo.
Liga Municipal Dominicana.
Comisiones provinciales y otras dependencias desconcentradas vinculadas al desarrollo comunitario.
El objetivo es consolidar esfuerzos, eliminar duplicidades y garantizar que la inversión pública territorial responda a planes municipales y nacionales verificables.
Resultado esperado.
Una gobernanza local robusta, descentralizada y articulada, donde las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo.
Reforma a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas
Desarrollo Económico Territorial mediante las Compras Públicas
Objetivo: Modificar la Ley núm. 47-25 para que una mayor proporción del gasto público permanezca en los territorios donde se ejecutan las inversiones, fortaleciendo las MIPYMES, el empleo y las cadenas productivas regionales.
El principio es sencillo: las grandes empresas ejecutan las grandes obras, pero las empresas locales deben participar en su construcción, abastecimiento y prestación de servicios cuando exista capacidad suficiente. No se busca excluir a las grandes constructoras, sino convertirlas en motores del desarrollo económico territorial.
Participación económica territorial
Modificar los artículos 168, 169, 170 y 171 para incorporar la participación de empresas locales, la contratación de trabajadores residentes, las compras territoriales y la subcontratación de MIPYMES como criterios de evaluación y obligaciones contractuales.
Las grandes obras deberán incluir un Plan de Integración Económica Local que identifique proveedores, materiales, servicios técnicos, empleos y el porcentaje estimado del contrato que permanecerá en la economía del territorio.
Subcontratación de empresas locales
Modificar el artículo 176 para establecer que las grandes obras destinen, cuando exista capacidad empresarial suficiente, al menos el 30 % de las actividades susceptibles de subcontratación a empresas domiciliadas en el territorio de ejecución, salvo justificación técnica documentada.
Podrán participar MIPYMES, cooperativas, transportistas, proveedores, profesionales y prestadores de servicios. La sustitución de empresas locales deberá justificarse y autorizarse, evitando simulaciones o ventajas para empresas vinculadas al contratista principal.
Prioridad al empleo local
Las empresas adjudicatarias deberán contratar preferentemente trabajadores residentes en la localidad, provincia o región donde se ejecute la obra.
Podrán contratar personal externo cuando no exista personal local calificado o se requieran especialidades técnicas, directivas o de seguridad específicas. Cuando sea viable, deberán promover la capacitación y transferencia de conocimientos a trabajadores locales.
Compras nacionales y abastecimiento territorial
Modificar los artículos 173 y 177 para priorizar proveedores locales en las compras públicas, siempre que cumplan los requisitos de calidad, cantidad, capacidad técnica y precio razonable.
El orden de prioridad propuesto será:
Municipio → Provincia → Región → Resto del territorio nacional → Mercado internacional, cuando no exista oferta nacional suficiente o corresponda por tratados internacionales.
Las excepciones deberán justificarse y publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Registro Territorial de Proveedores
Crear un registro coordinado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y los gobiernos locales.
Este identificará productores, comerciantes, fabricantes, distribuidores, cooperativas, MIPYMES, empresas constructoras, profesionales y prestadores de servicios por municipio, provincia y región.
Las asociaciones productivas podrán aportar información sobre sus miembros, sin limitar la competencia ni imponer afiliaciones obligatorias. La adjudicación continuará mediante procedimientos competitivos y transparentes.
Medición del impacto territorial
Crear el Índice de Integración Económica Territorial para medir cuánto del gasto público permanece en cada demarcación. Considerará la contratación de empresas y trabajadores locales, las compras de materiales nacionales, la participación de MIPYMES y la contratación de proveedores regionales.
Los resultados deberán publicarse para facilitar la fiscalización y evaluar el impacto económico de las contrataciones.
Régimen de sanciones
Establecer consecuencias proporcionales al incumplimiento:
- Leve: incumplimiento de reportes o documentación.
- Grave: incumplimiento injustificado de los compromisos de participación local.
- Muy grave: simulación de contrataciones, presentación de información falsa o sustitución fraudulenta de proveedores.
Las medidas podrán incluir penalidades contractuales, obligación de corregir, ejecución de garantías y las sanciones administrativas o inhabilitaciones que permita la ley.
Artículos principales por reformar
| Artículo | Reforma propuesta |
| 168–171 | Incorporar el desarrollo territorial y establecer compromisos contractuales. |
| 173 | Ampliar la prioridad de proveedores locales. |
| 176 | Establecer la subcontratación territorial mínima. |
| 177 | Extender la prioridad a las compras y el abastecimiento territorial. |
| 178 | Regular el registro y los mecanismos de control. |
| Nuevos artículos | Crear el Plan de Integración Económica Local y el Índice de Integración Económica Territorial. |
Resultado esperado
La reforma busca que las grandes inversiones públicas no solo construyan obras, sino que también generen empleos, contratos, compras, capacitación y oportunidades empresariales en las comunidades donde se ejecutan.
La contratación pública debe convertirse en una herramienta de desarrollo económico territorial, sin sacrificar la calidad de las obras, la transparencia, la competencia ni el uso eficiente de los recursos públicos.
Reforma de la Publicidad Gubernamental
Centralizar y racionalizar el gasto publicitario del Estado. Todas las estrategias de publicidad deberán pasar por DIECOM eceptuando algunas instituciones que por su naturaleza requieren crear estrategias especiales.
Los departamentos de comunicación enviarán sus requerimientos a DIECOM, el DIECOM diseñará la estrategia y distribución nacional.
Ninguna institución centralizada o descentralizada manejará individualmente publicidad gubernamental.
La distribución se hará directamente, sin intermediarios (agencias), transparente y equitativa entre medios nacionales, regionales y comunitarios.
Revisión Legislativa y Agenda Nacional
Elaborar conjuntamente con el Congreso Nacional una Agenda Legislativa de Transformación Nacional, identificando los proyectos de Ley de alto interés nacional actualmente estancados.
La agenda deberá priorizar:
Reforma institucional.
Reforma municipal.
Educación.
Salud.
Seguridad.
Trabajo.
Competitividad.
Digitalización.
Desarrollo territorial.
Simplificación administrativa.
Formalización del Mercado Laboral y Competitividad
Impulsar una reforma integral del Código Laboral que aborde:
Cesantía.
Costos laborales.
Formalización de la mano de obra.
Productividad.
Nuevas modalidades de empleo.
Capacitación laboral.
Seguridad social.
Control y regularizacion de la informalidad.
El objetivo debe ser construir un mercado laboral donde formalizarse resulte más atractivo que permanecer en la informalidad.
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA (ANIE)
Una institución nacional para investigar el crimen complejo, la corrupción y las operaciones que comprometan los intereses de la República Dominicana.
Lema: Investigar sin privilegios. Actuar con evidencia. Responder ante la ley.
Una nueva capacidad nacional de investigación
La República Dominicana necesita una institución moderna, profesional e independiente capaz de investigar las estructuras detrás de la corrupción, el crimen organizado, el fraude financiero y las operaciones que comprometan los recursos públicos y la seguridad económica e institucional del país.
Por ello se propone la creación de la Agencia Nacional de Investigación Estratégica (ANIE), una institución con jurisdicción nacional, autonomía funcional, independencia operativa y capacidad multidisciplinaria, inspirada en las capacidades de agencias internacionales como el FBI, pero diseñada específicamente para la realidad constitucional e institucional dominicana.
La ANIE investigaría hechos, operaciones, estructuras y redes, independientemente de quiénes estén involucrados.
Ningún poder fuera del alcance de la investigación
La ANIE tendría facultad para investigar, dentro del marco constitucional y legal:
- Poder Ejecutivo.
- Poder Legislativo.
- Poder Judicial.
- Ministerio Público.
- Policía Nacional.
- Fuerzas Armadas.
- Gobiernos municipales.
- Instituciones autónomas y descentralizadas.
- Empresas públicas.
- Sistema financiero y bancario.
- Empresas privadas.
- Contratistas del Estado.
- Organizaciones y personas vinculadas a operaciones investigadas.
Esto incluye la posibilidad de investigar a fiscales, jueces, funcionarios judiciales y miembros de cualquier organismo público cuando existan indicios de delitos o actos de corrupción.
Un principio fundamental:
Quien investiga también puede ser investigado. Quien administra justicia tampoco está por encima de la ley.La ANIE no sustituiría las funciones constitucionales del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Su función sería investigar y documentar hechos, obtener evidencia conforme a la ley y poner sus resultados a disposición de las autoridades competentes.
Independencia institucional
La ANIE debe tener independencia suficiente para investigar incluso a las instituciones responsables de ejercer el poder y administrar justicia.
No dependería operativamente de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ministerios ni de ninguna institución que pueda convertirse en objeto de una investigación.
Su dirección tendría un régimen especial de designación, permanencia, incompatibilidades y rendición de cuentas que reduzca la posibilidad de interferencia política, económica o institucional.
Independencia no significa ausencia de controles.
La ANIE estaría sometida a controles judiciales, legales, administrativos y legislativos.
Jueces y fiscales especializados
El modelo estaría acompañado de un sistema especializado de justicia para los casos de alta complejidad.
Se propone establecer mecanismos para contar con:
- Fiscales especializados.
- Jueces especializados.
- Peritos financieros.
- Auditores forenses.
- Investigadores criminales.
- Expertos tecnológicos.
- Especialistas en contratación pública.
- Analistas patrimoniales.
- Especialistas tributarios y aduanales.
Las medidas que afecten derechos fundamentales requerirían las autorizaciones judiciales correspondientes.
Agencia Nacional de Investigación Estratégica ANIE
Modelo de investigación, control institucional e integridad pública
La ANIE tendría como misión investigar estructuras de corrupción, crimen organizado y operaciones ilícitas, sin excluir del sistema de controles a las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia. Su actuación estaría sujeta a la Constitución, las leyes, las garantías fundamentales y los mecanismos de supervisión correspondientes.
Investigación del Ministerio Público y del Poder Judicial
La ANIE podría investigar, conforme a la nueva Ley, hechos relacionados con el Ministerio Público, incluyendo corrupción, soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, obstrucción de justicia, manipulación de investigaciones, filtración indebida de información, lavado de activos y abuso de autoridad.
En el Poder Judicial podría investigar corrupción, soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, manipulación de procesos, abuso de autoridad, intermediación ilegal y otras conductas penalmente relevantes.
Se establecerían mecanismos especiales para prevenir conflictos de interés y evitar que una institución investigada controle el proceso de investigación.
Cuerpo Operativo Nacional de Investigación (CONI)
La ANIE contaría con un Cuerpo Operativo Nacional de Investigación (CONI), con capacidad de actuación en todo el territorio nacional.
Su personal sería seleccionado mediante investigaciones de antecedentes, evaluaciones de integridad, pruebas profesionales, formación especializada, evaluaciones periódicas y capacitación permanente.
Podría incorporar profesionales provenientes de instituciones policiales, militares y otros organismos estatales. Una vez asignados, responderían exclusivamente a la estructura de mando, los protocolos y los controles internos de la ANIE. El uso de la fuerza y de medios coercitivos estaría estrictamente limitado por la Constitución y las leyes.
Plataforma nacional de investigación multidisciplinaria
La ANIE integraría especialistas de distintas áreas para investigar fenómenos criminales complejos:
- Investigación criminal: criminólogos, criminalistas, investigadores y analistas de inteligencia.
- Finanzas: economistas, contadores, auditores forenses y especialistas financieros.
- Tecnología: ingenieros y expertos en ciberseguridad, informática forense, análisis de datos e inteligencia artificial.
- Derecho: juristas especializados en derecho penal, financiero, tributario, corporativo y constitucional.
- Patrimonio y empresas: especialistas en estructuras societarias, bienes raíces, comercio y beneficiarios finales.
- Fronteras y comercio: especialistas en aduanas, comercio internacional, contrabando y movimientos transfronterizos.
Esta integración permitiría abordar las investigaciones desde sus dimensiones criminales, financieras, tecnológicas, jurídicas y patrimoniales.
Dirección de Investigación Financiera y Patrimonial
Esta dirección tendría como objetivo seguir el dinero y determinar cómo se construyen, transfieren y ocultan determinados patrimonios.
Dentro de las facultades legales y con las autorizaciones correspondientes, podría analizar operaciones financieras, patrimonios, empresas relacionadas, beneficiarios finales, contratos, operaciones comerciales, transferencias nacionales e internacionales, redes societarias y operaciones sospechosas.
El modelo buscaría reconstruir la estructura completa de las operaciones investigadas:
Persona → empresa → patrimonio → contrato → dinero → beneficiario → red.
Así, la investigación no se limitaría a identificar a una persona, sino que procuraría establecer las relaciones económicas e institucionales que permiten el funcionamiento de una estructura ilícita.
Laboratorio Nacional de Investigación Digital
La ANIE dispondría de un laboratorio especializado en los delitos de la economía digital, con áreas de informática forense, cibercrimen, fraude digital, análisis de grandes volúmenes de datos, evidencia digital, criptoactivos, inteligencia artificial e investigación de redes criminales.
Todo acceso a información privada estaría sujeto a las garantías constitucionales y a las autorizaciones exigidas por la Ley.
Protección y seguridad de la información
Por manejar información altamente sensible, la ANIE contaría con sistemas de clasificación de información, accesos por niveles, registro de consultas, trazabilidad digital, protocolos de cadena de custodia, auditorías internas, seguridad tecnológica avanzada y un régimen disciplinario especial.
La información obtenida durante las investigaciones no podría utilizarse para persecución política, beneficio personal, extorsión o ventaja comercial.
Asimismo, desarrollaría un Sistema Nacional de Protección de Denunciantes y Testigos, destinado a recibir información sobre corrupción, crimen organizado y operaciones ilícitas sin exponer innecesariamente a quienes colaboren con las investigaciones.
Inspectoría General Independiente
La propia ANIE estaría sometida a investigación y fiscalización. Para ello contaría con una Inspectoría General independiente, responsable de investigar posibles casos de abuso de autoridad, corrupción interna, filtraciones, uso indebido de información, abuso de recursos institucionales, conflictos de interés y otras conductas ilegales cometidas por sus agentes.
Principio institucional: una agencia creada para investigar al poder debe aceptar que su propio poder también sea investigado.
Sistema de control institucional
Para impedir que la ANIE se convierta en una institución sin límites, se establecerían cuatro niveles de control:
- Control judicial: autorización de las medidas que legalmente requieran intervención de los tribunales.
- Control legal: cumplimiento de la Constitución y las leyes que delimiten sus competencias.
- Control legislativo: supervisión y rendición de cuentas, con protección de la información clasificada.
- Control interno: actuación de la Inspectoría General y realización de auditorías independientes.
Academia Nacional de Investigación Estratégica
La ANIE tendría una academia propia para formar y especializar a sus investigadores en investigación criminal, inteligencia financiera, auditoría forense, ciberseguridad, análisis de datos, investigación patrimonial, criminología, derecho, técnicas de investigación, cadena de custodia, derechos fundamentales y ética e integridad pública.
Esta academia contribuiría a mantener estándares profesionales comunes y garantizar la capacitación permanente del personal.
Una nueva filosofía de investigación
La ANIE cambiaría el enfoque tradicional de investigar delitos aislados para concentrarse también en las estructuras que los hacen posibles.
Además de preguntar quién cometió el delito, investigaría cómo funciona la estructura, quién se beneficia, de dónde proviene el dinero, dónde termina, qué empresas participan, qué funcionarios intervienen y qué instituciones fueron utilizadas.
El objetivo sería pasar de perseguir hechos aislados a identificar y desarticular estructuras completas, sustentando cada actuación en evidencia verificable y procedimientos legales.
Principio de igualdad ante la Ley
La ANIE se regiría por un principio institucional fundamental:
- El poder político no puede detener una investigación.
- El poder económico no puede comprarla.
- La posición social no puede impedirla.
- Ninguna institución pública puede utilizar su autoridad para protegerse de la Ley.
Toda investigación deberá responder exclusivamente a la evidencia, la legalidad y la justicia, sin privilegios ni excepciones arbitrarias.
La ANIE no sería un cuarto poder del Estado
La ANIE no sustituiría a los poderes constitucionales ni asumiría funciones judiciales. Su competencia sería investigar, analizar, documentar, seguir el dinero, identificar estructuras y presentar evidencias ante las autoridades correspondientes.
Las decisiones judiciales continuarían correspondiendo a los tribunales, mientras las demás competencias constitucionales permanecerían en las instituciones responsables.
Su fortaleza radicaría en poder investigar al poder, sin colocarse por encima de la Constitución ni sustituir al Poder Judicial.
Investigar sin privilegios. Actuar con evidencia. Responder ante la Ley.
